San Salvador — El Programa de Paquetes Escolares se vendió como una de esas ideas que suenan bonitas y, bien hechas, sí ayudan: uniformes, zapatos y útiles para estudiantes del sistema público, y de paso trabajo para mipymes salvadoreñas. Arrancó en 2010 con el gobierno de Mauricio Funes y siguió con Sánchez Cerén, con el MINED y los Consejos Directivos Escolares (CDE) metidos en el engranaje de contratación local. El cuento era: “ganan los bichos, gana la economía”.
El problema es que, en El Salvador, cuando el Estado dice “tranquilo, después te pago”, el “después” a veces viene con barba, canas… o no viene.
En 2017–2018, medios registraron el reclamo de proveedores: pagos atrasados, presión por cumplir entregas, y el clásico doble rasero: si el proveedor se atrasa, multa; si el gobierno se atrasa, “tenga paciencia”. La Prensa Gráfica recogió testimonios de proveedores molestos por la situación (“si no entregamos, nos cae multa; pero el gobierno paga tarde”).
Y no eran “cincuenta pesos”: hubo reportes de deudas por millones con proveedores de uniformes y calzado. Por ejemplo, en septiembre de 2017 se reportaba una deuda aproximada de $15 millones con proveedores de paquetes, zapatos y uniformes, según declaraciones citadas en prensa.
Además, en octubre de 2017 se publicó que el MINED debía $17 millones a proveedores de calzado escolar (según nota de El Diario de Hoy).
En paralelo, desde la oposición se empujó la narrativa de “quiebra de proveedores” y se señalaba directamente al gobierno por asfixiar a pequeños productores. Un ejemplo: la diputada Margarita Escobar (ARENA) criticó públicamente el impago a proveedores de calzado, citando montos y acusando efectos de quiebra.
Tras el cambio de gobierno en 2019, la ministra de Educación de ese momento (Karla Hananía de Varela) declaró ante comisión legislativa que programas ligados a paquetes escolares y uniformes “han sido generadores de corrupción a todo nivel”, según cobertura de Diario El Mundo.
Y en 2020 se reportaron señalamientos oficiales de irregularidades por alrededor de $2 millones en el programa, citados por medios que cubrieron esas declaraciones.
Ojo: parte de estas denuncias vienen de actores políticos enfrentados al FMLN (y eso importa), pero el patrón del problema no es “de redes”: está en lo verificable del día a día del proveedor: entrega contra reloj + cobro tardío = deuda, crédito y negocio al borde.
Y aquí viene lo más cínico: el mismo drama reaparece en años recientes. En 2023 se publicaron notas sobre proveedores afirmando que el MINED aún adeudaba pagos por uniformes y zapatos, con montos reportados por proveedor (ej.: decenas de miles).
En 2024 también se reportó que proveedores seguían esperando pagos desde 2023 y temían perder contratos.
Y en enero de 2026 la conversación pública se encendió por la importación de parte de uniformes y calzado y el debate sobre si se estaba desplazando a proveedores locales, según reportes periodísticos.
Mirá pues: el paquete escolar fue “gratuito” para el alumno, sí…
Pero para muchos talleres fue tipo:
O sea, el Estado jugando de banco, pero sin darte tarjeta, sin darte intereses, y con la llamada de “mire don, no falle porque si no, ya no lo agarramos el otro año”. Bien chivo pues.
Y en la guerra política, cada quien agarra el tema como garrote: unos dicen “logro social”, otros dicen “corrupción y maña”. Mientras tanto, el proveedor solo pide algo básico: que le paguen.
Esto no va de camisetas ni de colores. Va de que cuando se juega con dinero público y con contratos que sostienen familias, el daño es real.
No olvidemos: si hubo irregularidades, deben investigarse con pruebas, auditorías y responsables —sin importar si fue FMLN, ARENA, Nuevas Ideas o quien sea. Porque aquí lo único que no debería cambiar con cada gobierno es lo mínimo: transparencia, pagos a tiempo y cero chanchullo.
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